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¿Residencias de ancianos o mataderos de la tercera edad?

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Durante los casi tres años que duró la pandemia, 10.000 personas que vivían en residencias de mayores en Cataluña murieron por covid-19. Esto es cerca de un tercio del total. Cuatro años después, pese a las investigaciones judiciales abiertas en su día, una comisión en el Parlamento e informes de organizaciones como Amnistía Internacional alertando de la vulneración de hasta cinco derechos humanos, los cambios en el sector son mínimos.

Precisamente esta semana se está celebrando el juicio contra la dirección de la residencia Fiella, de Tremp (Lérida), donde fallecieron 64 residentes, casi la mitad. Se trata de una de las tres únicas causas que siguen abiertas en los juzgados después de que se hayan archivado las más de 30 restantes.

Durante los casi tres años que duró la pandemia, 10.000 personas que vivían en residencias de mayores en Cataluña murieron por covid-19. Esto es cerca de un tercio del total. Cuatro años después, pese a las investigaciones judiciales abiertas en su día, una comisión en el Parlamento e informes de organizaciones como Amnistía Internacional alertando de la vulneración de hasta cinco derechos humanos, los cambios en el sector son mínimos.

Más de una treintena de causas judiciales han sido archivadas

Precisamente esta semana se está celebrando el juicio contra la dirección de la residencia Fiella, de Tremp (Lérida), donde fallecieron 64 residentes, casi la mitad. Se trata de una de las tres únicas causas que siguen abiertas en los juzgados después de que se hayan archivado las más de 30 restantes.

«Estos tres casos son la gota en el océano de la falta de derechos, de la impunidad total», denuncia María José Carcelén, presidenta de Coordinadora Residencias 5+1, entidad que agrupa a familiares y usuarios de residencias. Las otras dos causas abiertas son las que afectan a las residencias Palau Residencial, de Palau-solità y Plegamans (Barcelona), donde hubo 55 muertos, y Ca N’Amell (Premiá de Mar, Barcelona), con 87 defunciones.

En el caso de Fiella, la directora ha declarado que todo funcionaba «correctamente», ha culpado a las monjas que atendían a los usuarios del brote de covid-19 y ha negado las acusaciones de las trabajadoras. El personal había declarado que había «caos» y gente pidiendo ayuda en el pasillo. Confirmaron que nadie conocía el plan de contingencia, que no tenían EPI y que sólo disponían de una mascarilla a la semana.

Para Cinta Pascual, presidenta de la patronal Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA), el archivo de las demás causas supone un «aval» a la gestión realizada. «El sector no fue quien no estaba preparado, era una situación que nadie esperaba», señala.

Un modelo eminentemente de gestión privada

Las muertes en las residencias y la polémica por la negación de asistencia sanitaria, plasmada en un protocolo del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) que recomendaba no ingresar en la UCI a pacientes mayores de 80 años, abrió en 2020 un debate sobre un modelo de atención a la vejez en el que priva la gestión privada.

Actualmente, de las cerca de 950 residencias que existen en Cataluña, sólo seis son públicas. A pesar de que la Generalidad reserva plazas públicas en centros concertados o privados, sólo una de cada seis lo es. «Debemos cambiar el modelo, porque en el de ahora prima el beneficio económico», critica Carcelén.

Este viernes, la comisión del Parlamento que investigaba la cuestión, reconvertida en grupo de trabajo con la nueva legislatura, debe emitir unas conclusiones sobre las que Carcelén se muestra decepcionada. «Se hará lo que sea por no incomodar. Se cerró la comisión de investigación, no se ha hecho ningún cambio, nada».

Amnistía Internacional se pronunció sobre la cuestión a inicios del pasado año, denunciando la falta de transparencia y de rendición de cuentas y reclamando al Parlamento que impulsará una auditoría independiente sobre la gestión que se hizo en las residencias. Propuestas que fueron rechazadas, pese a que la organización reprochó a la cámara que no retomara la comisión de investigación.

Aumento de plazas y tarifas en un sector con falta de personal

Pese a que se han hecho algunas medidas, el modelo no se ha cambiado y en cierto modo, cuestiones como la inflación lo han tensionado aún más. La falta de personal, marcada por unos sueldos muy bajos y una precariedad acentuada, ha ido a más y el absentismo laboral, según Pascual, se ha doblado: «Las condiciones laborales llevan 15 años sin parar de mejorar, pero lo tienen que hacer aún más».

Para la presidenta de la patronal, el debate sobre el modelo público o privado está «mitificado» y lo que prima es la «calidad».

En los últimos meses, la Generalidad ha sacado adelante medidas dirigidas al sector, como la actualización de los precios públicos un 6%, algo que, según la patronal, contribuye a la mayor «sostenibilidad» de las empresas y también revierte en los salarios.

El incremento de más de 1.300 plazas nuevas concertadas -es decir, con financiación pública- y la aprobación de la nueva Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria son otras de las medidas que Drets Socials ha sacado adelante.

Precisamente, uno de los planes que contempla esta última es que todos los residentes tengan un CAP de referencia, cuestión que hasta ahora no estaba garantizada. Pese a ello, Carcelén recela y reconoce que están «escépticos».

Por su parte, Pascual valora los avances que está haciendo el Gobierno para mejorar la situación del sector pero lamenta que «lo que se está planificando no es suficiente», especialmente en un escenario en el que el envejecimiento de la población irá a más.

Una cartera de servicios «más preparada» para atender a las personas mayores, así como aumentar las plazas públicas y disminuir las listas de espera, con más de 10.000 personas, algunas de las recetas que señalan para hacer frente a la realidad que vendrá.

Fuente: Emma Pons Valls (Público)

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