El Tratado de Maastricht, firmado el 7 de febrero de 1992 y considerado generalmente como uno de los documentos fundacionales de la Unión Europea (UE), fue el pistoletazo de salida de la creación de esta macroestructura al servicio del gran capital.
Su principal objetivo era la creación de un mercado único europeo para facilitar el avance de los monopolios capitalistas. Pero para lograr esto, previamente había que transferir los principales sectores estratégicos de las economías a conglomerados empresariales privados. Y así se hizo con mayor impulso a partir de los años 90 con un ambicioso plan de privatizaciones. Bajo el pretexto de garantizar la supuesta libre competencia y la competitividad, se han venido aplicando un paquete de directivas europeas privatizadoras en sectores clave como las telecomunicaciones, la energía, el ferrocarril o la industria.
Con la excusa de terminar con los «malvados» monopolios públicos se dio paso a un nuevo paradigma de monopolios privados. Un hecho que se ajusta a la propia naturaleza del desarrollo del capitalismo que tiende a la concentración de capital. Una jugada redonda que ha supuesto enormes ganancias para la patronal. Así es como el Estado vendió a precio de saldo las empresas públicas que garantizaban servicios básicos y desmanteló la industria, llevándose por delante a millones de trabajadores.
El campo tampoco se salvó de los efectos de la integración europea. Las directrices marcadas desde Bruselas, así como la Política Agraria Común (PAC), se han encargado de beneficiar a los grandes productores frente a los pequeños. El 80% de las ayudas superiores a 10.000 euros van destinadas a explotaciones de tamaño medio-alto. Solo por citar un par de ejemplos escandalosos, la Casa de Alba (terratenientes) y la transnacional Nestlé se han beneficiado por ayudas de la PAC. Una política europea que ha dinamitado la soberanía del sector y cuya producción da la espalda a las necesidades reales de la población.
En materia financiera, quedó bien claro el papel que jugó la UE durante la crisis que se desató en 2008 en el sector. La Comisión Europea dio luz verde en 2012 al millonario rescate bancario con dinero público. Una inyección de capital que en España alcanzó los 58.000 millones de euros, de los cuales, siendo muy generosos, tan solo se recuperaron 6.000 millones. Una vez más, la Europa del Capital hacía recaer todo el peso de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores.
Pero por si esto fuera poco, la Comisión Europea presiona a los países miembros para que retrasen aún más la edad de jubilación. No les resulta suficiente el grado de explotación al que son sometidos los trabajadores, ahora quieren exprimirlos por más años. Una medida que ha tenido una fuerte oposición en varios países miembros y especialmente en Francia, donde el Presidente Emmanuel Macron tuvo que imponer la reforma por decreto, saltándose incluso los formalismos democrático-burgueses, es decir, sin que pasara por el parlamento. Algunas informaciones apuntan que la Comisión estaría planificando retrasar la jubilación hasta los 70 años en 2060. Una auténtica barbaridad.
Queda claro que en el seno de la UE no hay cabida para otro tipo de políticas. Bruselas actúa como dique de contención incluso frente a cualquier medida de carácter reformista que pretenda garantizar los derechos laborales, llevar a cabo una redistribución de la riqueza o asegurar el control estatal de los sectores estratégicos de la economía para evitar abusos.
Con cierta perspectiva histórica y analizando los hechos objetivos descritos, resulta imposible creerse los cantos de sirena de la socialdemocracia que nos habla de la eterna promesa de una «Europa social«. Ni lo fue en su origen ni lo será en el futuro porque es una construcción capitalista que responde a intereses contrarios a los de los trabajadores. Ante esta evidencia hay que defender la salida de la Unión Europea. Solo fuera de ella será posible recuperar la soberanía y forjar una alternativa por y para los trabajadores. Es tiempo de trazar ese sendero sin complejos.
Fuente: Oriol Sabata (Nueva Revolución)