Torturando a Julian Assange

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Julian Assange encara una nueva fase en la larga, dura y enconada batalla para recuperar su libertad. La solicitud de extradición emitida por Estados Unidos, que acusa al fundador de WikiLeaks de violar la ley de espionaje y de pirateo informático para acceder y publicar informes confidenciales, recibirá el visto bueno judicial en una audiencia prevista en Londres el 20 de abril. Salvo un vuelco inesperado, el caso pasará al Ministerio del Interior y la titular actual, Priti Patel, asumirá la decisión a favor o en contra de la entrega a Washington del programador y periodista australiano.

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Hay precedentes de bloqueo ministerial de procesos de extradición en Reino Unido. El más notorio benefició al general Augusto Pinochet, quien fue detenido en Londres, en 1998, bajo una orden internacional firmada por el entonces juez Baltasar Garzón. Año y medio después, el ministro laborista Jack Straw revirtió el fallo judicial de entrega a España porque, según justificó, el dictador chileno estaría “incapacitado”, mental o físicamente, para afrontar los juicios planeados por genocidio y torturas.

Garzón dirige ahora el equipo legal internacional de Assange. Y el paralelismo entre ambos procedimientos no pasa inadvertido para el abogado de su despacho, Aitor Martínez Jiménez, quien testificó en los tribunales en apoyo del australiano. La defensa ganó la ronda inicial, en enero de 2021, cuando la magistrada de Westminster, Vanessa Baraitser, frenó la extradición debido al “riesgo sustancial” de que Assange se suicidara en el estricto sistema penitenciario estadounidense. Por el contrario, el Supremo validó el pasado marzo el fallo anterior del tribunal de Apelación, que dio por satisfecho el aval ofrecido a última hora por EE.UU. de que el bienestar y la seguridad del reclamado se protegerían en todas las instancias penales del país.

Crímenes de guerra

Esas garantías diplomáticas se extienden también a la posibilidad de que Assange cumpla en Australia parte de la sentencia, con una pena potencial de hasta 175 años de cárcel. Está imputado de dieciocho cargos relacionados con la obtención y divulgación de informes secretos, como el vídeo de la matanza de civiles iraquíes desde un helicóptero estadounidense Apache y otros documentos indicativos de graves abusos. “Mientras los militares norteamericanos que cometieron esos crímenes de guerra no han sido sometidos a ninguna investigación, el periodista que los reveló está viviendo una de las persecuciones judiciales más despiadadas que jamás se han visto. Es, sinceramente, un verdadero atentado jurídico”, denuncia Martínez.

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En el caso Pinochet”, puntualiza el abogado, “la justicia británica acordó su entrega a la Audiencia Nacional española, pero fue Jack Straw, precisamente el entonces ministro de Interior, quien paró la extradición y decidió que Pinochet pudiera ir a Chile por su estado de salud. Ahora estamos ante un periodista del que todos los organismos de derechos humanos del mundo afirman que su delicada situación de salud requiere parar definitivamente esta persecución. Quizá sería una oportunidad para que el Ejecutivo británico despliegue esa humanidad hacia Julian Assange y pare la extradición”.

El también profesor de la Universidad Nebrija y director del manual ‘Derecho Penal Internacional: Evolución histórica, régimen jurídico y estudio de casos’, de reciente publicación, canaliza en la Audiencia Nacional la querella del exdirector de WikiLeaks y otros afectados en la presunta operación de espionaje llevada a cabo en la embajada de Ecuador de Londres por la empresa andaluza de seguridad, Undercover Global (UC Global). El mes pasado visitó a su cliente en Belmarsh, el penal de máxima seguridad del sureste del Támesis, donde está preso desde abril de 2019.

Salud quebrada

“Está destrozado. La persecución le ha destrozado física y psicológicamente”, alerta Martínez. “Julian Assange tiene un estado de salud muy delicado, con graves daños tanto físicos como psíquicos, consecuencia de la inhumana situación que vive. Lleva más de una década sometido a un escenario muy duro”, añade el letrado en referencia a los casi siete años que pasó “recluido en el minúsculo piso, sin acceso a la luz solar y aire fresco”, en la delegación diplomática ecuatoriana. Avanza ya el cuarto año de prisión preventiva, en régimen casi permanente de aislamiento debido a sus trastornos mentales y las restricciones de la pandemia de coronavirus.

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Assange padece depresión recurrente, síndrome de Asperger y altibajos suicidas, de acuerdo con diagnósticos del neurosiquiatra y profesor emérito del King’s College, Michael Kopelman, y del doctor Quinton Deeley, especialista en trastornos del espectro autista. Llamados a declarar por la defensa en las audiencias de primera instancia, ambos coincidieron en la determinación del recluso, de 50 años, para poner fin a su vida si pierde el pulso de extradición.

El relator en Tortura de Naciones Unidas, Nils Melzer, comunicó a Londres, Camberra, Estocolmo y Quito su inquietud por la exposición de Assange a un “severo dolor y sufrimiento, infligido mediante varias formas y grados de tratamiento o castigo cruel inhumano y degradante, que claramente constituye tortura psicológica”. El experto suizo y catedrático de la Universidad de Glasgow sacó su crítica conclusión después de examinar al patrón de WikiLeaks durante una acordada visita a Belmarsh, en mayo de 2019, en compañía de dos veteranos en la materia, el siquiatra Pau Pérez-Sales y el profesor en medicina forense Duarte Nuno Vieira. Los tres aguantaron “estoicamente” el “fino hostigamiento” de las autoridades británicas, aunque la experiencia resultó “más dura para el temperamento de mis colegas ibéricos”, según Melzer recuerda en su libro ‘The Trial of Julian Assange: A Story of Persecution’.

El académico desvela “errores sistémicos” en los procedimientos –tanto en Suecia a raíz de alegaciones de abuso sexual como en Reino Unido desde su arresto en diciembre de 2010– y denuncia la campaña “sin precedentes de difamación, intimidación, humillación y, últimamente, deshumanización” del activista electrónico. “No tratan de forzar una confesión ni de coaccionarle a cooperar, sino de intimidar y disuadir a otros editores, periodistas y filtradores que puedan verse tentados a seguir su ejemplo”, sostiene en su investigación. Y concluye: “Le castigan arbitrariamente por haber publicitado los secretos sucios de los poderosos. WikiLeaks desafía la impunidad del poderoso. Esa es su única amenaza real”.

El periodismo en peligro

Para el abogado español del activista, la situación supone un “gravísimo atentado al derecho a la libertad de prensa en el mundo”. “Assange y WikiLeaks recibieron información de fuentes anónimas relativa a la comisión de graves crímenes de guerra y simplemente procedieron a su publicación, en asociación con los grandes medios del mundo, que no han sido perseguidos. Por lo tanto, se está criminalizando la propia labor del periodismo”, arguye por correo electrónico.

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Una decisión favorable a EE.UU. de la ministra Patel no activaría la deportación inmediata de Assange. Su equipo legal se reserva cartuchos en Reino Unido y, si fuera necesario, en la Corte Europea de Derechos Humanos. Los tribunales han escuchado hasta ahora el recurso de Washington a la sentencia de la corte de Westminster. Y los representantes de Assange planean lanzar una “contra apelación” a los argumentos desestimados por Baraitser. La magistrada bloqueó la extradición por motivos de salud y pasó por alto cuestiones de fondo, como el carácter político del procedimiento, la libertad de prensa y el derecho de todo periodista a publicar información veraz. Martínez también menciona el principio de “doble incriminación” respecto a la ley estadounidense de Espionaje de 1917 y su aplicación en Reino Unido a un periodista, además de la proporcionalidad de la posible condena. Otra cuestión de envergadura es la extraterritorialidad de la jurisdicción norteamericana para perseguir penalmente a un periodista extranjero, sin residencia ni lugar de trabajo en EE.UU.

Nadie del entorno de Assange cree que tendría un juicio justo en EE.UU. La Constitución estadounidense ampara el derecho y libertad de prensa, pero la familia y el personal de WikiLeaks temen que se le niegue el reconocimiento como periodista o le consideren fuera del amparo constitucional dada su residencia en Europa. “Si la Primera Enmienda es aplicable, que la apliquen y cierren la causa penal por la que reclaman la extradición”, razona el letrado de ILocad. Otro factor en contra es la probable ubicación del juicio en el estado de Virginia, sede de los servicios de Inteligencia cómplices en la trama de espionaje en la embajada de Ecuador, según indicios destapados en la investigación de la Audiencia Nacional.

La pelea continuará hasta la extenuación, aseguran fuentes legales. El más reciente episodio fue tan íntimo y personal como público y doloroso. Assange se casó con su prometida y madre de sus dos hijos pequeños, Stella Moris, en una ceremonia civil en Belmarsh. “Estoy muy contenta y estoy muy triste”, exclamó la abogada de herencia hispana antes de cortar la tarta nupcial frente a un grupo de simpatizantes que marcaron el extraordinario evento en la entrada del presidio. La novia vistió un elegante conjunto de dos piezas y velo diseñado por Vivienne Westwood, retando con su singular osadía a los gobiernos y autoridades de Reino Unido, EE.UU. y Australia. “Temen que la gente vea a Julian como un ser humano”, escribió el día de la boda en el diario ‘The Guardian’, “quieren que Julian permanezca invisible al público… que desaparezca de la conciencia pública”.

Fuente: Lourdes Gómez (CTX)

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